Legitimación y capacidad en el Código Civil y Comercial

12El CCyC establece un parámetro de constitucionalidad muy interesante, pero al mismo tiempo problemático si vemos la tendencia jurisprudencial como actualmente trabaja en el recurso extraordinario. Quiero decir que si existe una constitucionalización del derecho privado, habría una nueva cuestión federal. Tema para otro día.

Hoy nos ocupamos del principio establecido que tiene a la capacidad es la regla. Este modelo varía el del código de Vélez, pues une capacidad de goce (titularidad) con capacidad de ejercicio (capacidad procesal). Cuando se trata de menores de edad les otorga autonomía de sus padres y asistencia letrada necesaria; y cuando se ocupa de personas con capacidad restringida (razones de salud, adicciones, enfermedades) también la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios” (art. 31.e).

Nosotros creemos que el acceso a la justicia debe fomentar primero el conocimiento de los derechos por sus destinatarios. Sociedad que no reconoce sus derechos obviamente no los ejerce. Luego es necesario derribar obstáculos e impedimentos, y aquí surge el problema de la Legitimación en el proceso que significa que quien pide algo ante los jueces primero debe acreditarse. Ser dueño del derecho (titular de la relación jurídica); tener más de 18 años o estar especialmente autorizado por los jueces para comparecer a ejercer por sí actos procesales; cumplir con el principio de legalidad de las formas, y recién ahí constituirse en “parte”.

Ser parte significa confrontar con otro. Para el Código el proceso es una lucha de modo que alguien pierde y el otro gana. Solo hay una pretensión (o dos si hay reconvención) y una resistencia. La decisión expresa y positiva que pide el art. 163 CPCC es una suerte de elección entre pretensiones. No hay posibilidad de que sean varias opciones, son solamente decisiones sobre lo alegado y probado por las partes, porque solo a ellas alcanzará la cosa juzgada. Este modelo estrictamente tradicional y continuado en cada una de las reformas procesales era acorde con el Código de Vélez que dividió la capacidad de la incapacidad; pero actualmente los arts. 21 (capacidad de derecho) y 22 (capacidad de ejercicio) alertan que toda persona es capaz y puede ejercer por sí misma sus derechos, salvo limitaciones legales o dispuestas por decisión judicial.

Las limitaciones se dan para: a) la persona por nacer; b) la que no tiene edad y grado de madurez suficiente; c) la declarada incapaz por sentencia judicial.

Lo que estamos investigando es lo siguiente:

I) ¿Cuál es el estándar para determinar el grado de madurez suficiente? Es evidente que hay varias orientaciones dadas en Convenios internacionales, jurisprudencia de la Corte IDH y recomendaciones del Comité de los derechos del niño; de modo que siempre queda en manos de la discrecionalidad judicial.

II) ¿El derecho a ser oído que tiene el menor de edad es un derecho a ser parte? En realidad pareciera que es un derecho a intervenir (facultativo), participar (producir pruebas , alegar y recurrir la sentencia que lo afecte) y a que cuanto diga pueda influir en la decisión judicial.

III) De allí que no sería parte, sino una suerte de auxiliar o colaborador del proceso que siendo sujeto del mismo participa e interviene ¿pero en qué principio procesal esto es posible? No en el dispositivo; No en la carga de la prueba; No en la bilateralidad; No en la preclusión; No en la cosa juzgada.

IV) Además, el CCyC dice que menores son todos los que tienen menos de 18 años. En esto hay acuerdo con el CPCC, pero de inmediato dice que adolescente es el que tiene entre 13 y 18 y la da posibilidad autónoma para intervenir conjunta o separadamente de sus padres en un proceso judicial (art. 677). Inclusive conforme el art. 678 este adolescente podría iniciar acciones civiles contra terceros; y si los padres están en desacuerdo, el juez puede autorizar esta intervención. Finalmente el art. 679 le da derecho de intervención propia y con asistencia letrada cuando tenga que defender sus propios intereses contra sus padres.

V) Este derecho a ser parte también se puede razonar expansivamente con el estándar del grado de madurez suficiente, y aplicarlo en tres categorías: 1) menos de 13 años (atribución de hogar y responsabilidad parental); 2) entre 13 y 18 años intervención autónoma de sus padres pero con asistencia letrada designada por el juez o discernida por elección del propio menor; y 3) entre 16 y 18 años donde el adolescente es considerado como adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo (cuestiones procesales de extracción de sangre; donación de órganos, etc. que pueden judicializarse).

VI) El planteo anterior y para el cierre deja también una incógnita. En todo el CCyC se habla de asistencia letrada, que NO ES REPRESENTACIÓN y tampoco significa MANDATO.

SOLUCIÓN PROPUESTA: Nuevos principios para el acceso a la justicia; nuevos presupuestos para que el proceso no sea en algunos casos solo un problema entre dos donde al tercero se lo obligue a asociarse a uno u otro; derivaciones necesarias del derecho a la verdad en la carga de la prueba, y extensión de la cosa juzgada.

Hasta la próxima.

Legitimación y capacidad en el Código Civil y Comercial

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